Ciudad de Guatemala, 9 jul. (AGN).- Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se pronunciaron ante la anulación anómala de facturas emitidas a consumidor final con fines de evitar la fiscalización y el pago de tributos.
El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó que detectaron a más de 40 mil contribuyentes que anulaban facturas previo a la validación que hace la SAT para dar seguimiento al cumplimiento tributario, como con el impuesto al valor agregado (IVA). La anomalía levantó aún más sospechas, ya que se anulaban estas facturas desde uno hasta los seis meses posteriores a la fecha de emisión.
Nosotros constantemente estamos vigilando la información en las facturas.
Díaz refirió que tan solo en 2023 se anularon facturas emitidas a consumidor final por un monto total de 2 millones 616 mil quetzales. Tras una investigación, se detectó que la práctica ocurría normalmente a las 5 de la tarde y a la medianoche.
Compras que ustedes están haciendo, ustedes están pagando el IVA. Y con la anulación de las facturas, estas compañías, nosotros presumimos que se están quedando con el IVA y están pagando menos impuesto sobre la renta.
Además, se halló que dichos contribuyentes anulaban entre 600 y más de mil facturas específicamente los días 6, 7, 8 y finales de mes. Sobre los días 30 y 31, Díaz explicó que tiene lógica por el cierre de mes y depuración de base. Sin embargo, alertó sobre los días 6, 7 y 8:
Del 1 al 5, los departamentos de contabilidad están haciendo el cierre… el 6, 7 y 8 se dedican a la planificación fiscal y ver cómo pagan menos impuestos, nos anulan las facturas más fuertes esos días.
Analizan erradicar la práctica
El superintendente Díaz señaló que la práctica se detectó especialmente en los sectores de comida rápida y combustibles. Por ello, indicó que se harán fiscalizaciones en puntos fijos para advertir sobre la detección de estas prácticas en las compañías. Además, remarcó que el sector privado debe considerar los esfuerzos de la recaudación tributaria.
La práctica se hace viable, apuntó, ya que las facturas emitidas a consumidor final no tienen una parte que reclame por la anulación y no se necesita permiso para hacerlo según la normativa fiscal. Al contrario, no se puede anular una factura con número de identificación tributaria (NIT) sin que el dueño de la factura lo autorice o solicite.
Es demasiado dinero para no hacer acciones contundentes contra contribuyentes que, si están anulando las facturas sin ninguna razón, se están apropiando el IVA. Esto es un delito, y yo creo que se están arriesgando a una acción penal de la superintendencia sin pasar por la solución del conflicto tributario.
Díaz subrayó que los guatemaltecos pagan los tributos con cada compra y que esos impuestos no se deben quedar en las empresas por medio de la anulación de facturas emitidas a consumidor final. Enfatizó que la práctica también se traduce en una competencia desleal por la reducción en declaraciones.
Por consiguiente, advirtió que de hallar inconsistencias la SAT procederá por la vía penal en esta ocasión por apropiación indebida de tributos, en lugar de optar por conciliación administrativa como en otras ocasiones. Además, que analizarán impedir la anulación de facturas sin necesidad de que tengan NIT.
🔎 Presentan tipología de incumplimiento en contribuyentes que anulan altos volúmenes de facturas emitidas a consumidor final
Aquí los detalles ⬇️ pic.twitter.com/UBiNmn7Qk9
— SAT Guatemala (@SATGT) July 9, 2024
Práctica de grandes contribuyentes
Por su parte, Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, advirtió que estas malas prácticas se detectaron en grandes contribuyentes del país y que sorprendió el método de operación en días y horas específicas.
Son contribuyentes que dicen llamarse los más grandes de Guatemala y que contribuyen con el 80 % de la recaudación, que incluso tienen fundaciones, asociaciones de beneficencia. Y que, de alguna manera, transmiten a la población que con el trabajo que ellos desarrollan para Guatemala están proveyendo los recursos para el Estado.
Hernández indicó que tras la investigación se procederá con una serie de auditorías en contribuyentes grandes y medianos identificados.
No es posible que el contribuyente (el comprador en este caso) regrese seis meses después a pedir que le cambien la factura, que se la anulen. No es posible que regrese y devuelva el pedido que se llevó de combustible, de comida, etcétera.
La respuesta de la SAT contemplará además verificaciones entre ingresos bancarios frente a ventas reportadas. En este sentido, Hernández advirtió que la SAT hará cumplir su ley orgánica como ente recaudador.
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dc/dm