Ministerio de Finanzas solicitará una ampliación presupuestaria de 92 mil millones de quetzales

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La ampliación del techo presupuestario será utilizado para pagos de salario, salud y educación.

Brenda Larios / fotos: DCA

Ciudad de Guatemala, 2 mar (AGN).- Para este año el Ministerio de Finanzas Públicas solicitará una ampliación del techo presupuestario ante el Legislativo, para cumplir con compromisos salariales y programas enfocados a la educación y salud, esto derivado de  la no aprobación del presupuesto para 2020.

En entrevista el titular de la cartera del Tesoro, Álvaro González Ricci, informó sobre la situación actual de las arcas nacionales y los desafíos a los cuales se enfrentarán para el cumplimento de los compromisos del Gobierno.

¿De cuánto será  la ampliación presupuestaria que solicitarán ante el Congreso de la República?

Estaríamos en alrededor de 92 mil millones de quetzales, pero estamos pendientes de la aclaración que dé la Corte de Constitucionalidad en relación con el cálculo de la asignación a la Universidad de San Carlos, municipalidades, el deporte y el sector justicia.

Aunque esto no sería suficiente. Deberíamos tener un presupuesto de no menos de 150 mil millones de quetzales; es hipotético, pero esa es la realidad.

¿Para esta ampliación ya tuvieron algún  acercamiento con los diputados?

Ya tuvimos reuniones con la Comisión de Finanzas y Moneda y con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con quienes hablamos muy abiertamente, y creo que ya están claros de la necesidad que tenemos.

También salió el tema de la orden de la Corte de Constitucionalidad sobre el cálculo de asignación a la Usac, municipalidades, el deporte y el sector justicia, pero confiamos en que ellos apoyarán.

¿Qué pasaría si la CC confirma que se tiene que hacer otra asignación a la Usac, municipalidades y el sector justicia?

Estamos a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva los recursos de aclaración respecto a cuáles serán las bases sobre las que se tienen que calcular los situados constitucionales.

El peor escenario sería una asignación de alrededor de 8 mil millones de quetzales de las finanzas públicas, una cantidad que no se puede absorber en el momento.

Hay otro escenario donde la cantidad se podría reducir porque el dictamen genera ciertas dudas de interpretación, pero estaremos pendientes de la resolución.

Álvaro Gonzalez Ricci ministro de finanzas
Trabajamos en una contención del gasto al máximo nivel, expresó el funcionario.

Además de los salarios, ¿qué otras prioridades de Gobierno se atenderán?

Lo primordial es lograr la readecuación presupuestaria que principalmente sería para cumplir con los compromisos salariales adquiridos por el gobierno anterior a través de los pactos colectivos de las carteras de Gobernación, Educación y Salud.

Además, el apoyo se concentraría en educación y en la lucha contra la desnutrición, dos de las promesas de campaña del presidente Alejandro Giammattei.

En estos pilares también contamos con ayuda del sector privado, con un fondo de 300 millones de quetzales para solucionar el problema de la desnutrición crónica, pues 1 de cada 2 niños sufre de este mal.

Este esfuerzo se suma al préstamo Crecer Sano del Banco Mundial, por 100 millones de dólares, los cuales están orientados al combate de la desnutrición en siete departamentos con los índices más altos.

¿Cómo encontró las finanzas este gobierno y cuáles son sus principales retos?

La transición administrativa en los 5 meses fue buena, pero fue complicado determinar el saldo de caja. De los mil 800 millones de quetzales que el expresidente Jimmy Morales ofreció, al 15 de enero eran 435 millones de quetzales es decir, una diferencia de mil 365 millones quetzales.

Sobre los retos, tenemos cerca de 3 mil millones de quetzales  para cumplimiento de pactos colectivos, más algunos compromisos que el doctor (Alejandro Giammattei) hizo en su momento, como los dos tiempos de comida en las escuelas, para lo cual se necesitan mil 200 millones de  quetzales; un seguro escolar, 180 millones de quetzales; un aporte a la Contraloría por 60 millones de quetzales; otros 20 millones de quetzales el INE; 20 millones de quetzales para becas y mil 378 millones de quetzales para el sector justicia.